Rechacemos la proscripción política en la UNGS

La Junta Electoral decidió imponer un nombre a nuestra lista y consumó un grave atropello antidemocrático

La Junta Electoral de la UNGS decidió no responder la última presentación realizada por nuestra lista y avanzar con el cronograma electoral sosteniendo de hecho la imposición de una denominación que jamás presentamos ni aceptamos.

Después de semanas de reclamos, recursos y propuestas alternativas, las autoridades electorales optaron por no dar ninguna respuesta a nuestra última solicitud. Lejos de resolver el conflicto que ellas mismas generaron, eligieron dejar correr los plazos para transformar una decisión arbitraria en un hecho consumado.

Los hechos son claros. Primero impidieron que utilizáramos la denominación "FEI en Lucha". Luego rechazaron "Universidad de lxs Trabajadorxs – Frente de Izquierda". Más tarde decidieron imponer de oficio una sigla elegida por la propia Junta Electoral. Finalmente, cuando presentamos una nueva alternativa para preservar nuestra identidad política, simplemente dejaron de responder.

De esta manera queda completamente demostrado que nunca estuvo en discusión la aplicación de un criterio reglamentario. Lo que existió fue una decisión política consciente de impedir que nuestra lista se presentara con la identidad política que eligió. 

La responsabilidad de esta situación recae sobre la Junta Electoral y sobre las autoridades universitarias que decidieron avalarla. Tuvieron múltiples oportunidades para revertir esta medida arbitraria y antidemocrática. No lo hicieron. Eligieron sostener hasta el final una decisión política de proscripción. 

También queda expuesta la responsabilidad de quienes justificaron esta maniobra. Particularmente la de El Yunque (Partido Obrero), integrante de la lista FEI y con representación en la propia Junta Electoral. Su firma consta en la resolución proscriptiva de la Junta. 

Después de guardar silencio durante días, decidió respaldar públicamente una resolución que beneficia a su propia lista mientras se le niega a otra fuerza de izquierda el derecho elemental a definir su propia identidad política.

Lo ocurrido constituye un precedente gravísimo para toda la comunidad universitaria. Si una Junta Electoral puede imponer nombres elegidos por ella misma de forma inconsulta con las listas participantes y luego negarse a responder los recursos presentados, queda establecido que cualquier autoridad podrá decidir arbitrariamente qué organizaciones participan y bajo qué identidad política lo hacen.

Durante estas semanas nuestra denuncia puso en evidencia ante cientos de estudiantes, docentes y nodocentes el carácter profundamente antidemocrático de esta decisión. Lo que comenzó como una disputa sobre una denominación terminó revelando algo más profundo: el funcionamiento de un régimen universitario que habla de pluralismo y participación mientras restringe derechos democráticos elementales cuando estos entran en conflicto con sus intereses políticos.

Esta resolución se produce además en un contexto nacional atravesado por ataques cada vez mayores a las libertades democráticas. Cuando se cumple un año de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno viene avanzando con mecanismos que buscan restringir el derecho de representación política, las autoridades de la UNGS avanzan en la misma dirección dentro de la universidad: decidiendo qué identidad política puede tener una lista y cuál no. Aunque se trate de situaciones diferentes, ambas expresan una misma lógica antidemocrática que rechazamos. No nos sorprende viniendo del peronismo, que se niega a pronunciarse políticamente en contra de la proscripción de una líder de su propio espacio. 

Esta situación tampoco puede separarse de una política más general de las autoridades universitarias. Mientras avanzan negociaciones por arriba para aceptar una salida de ajuste a la crisis presupuestaria y salarial de las universidades, dentro de la UNGS se profundizan prácticas burocráticas que buscan limitar la participación política desde los organismos de poder universitario y se proscribe a una agrupación que viene denunciando consecuentemente el rol entreguista de las autoridades y el centro de estudiantes.

No se trata de un hecho aislado. Las fuerzas que integran la Junta y que hoy encabezan la lista oficialista en el claustro estudiantil, integrada por el FUNyP, La Cámpora y El Puente, se robaron durante un año nuestro Centro de Estudiantes mediante una reforma fraudulenta y antidemocrática del Estatuto del CEUNGS. Son las mismas fuerzas políticas que hoy pretenden avanzar un paso más: decidir qué nombre puede utilizar una lista opositora y cuál no, ¿tendrá algo que ver esto con el rol que hemos jugado exponiendo esa maniobra antidemocrática?

La lista que conformamos con enorme esfuerzo es parte de la corriente de Myriam Bregman y de quienes defendemos una política de independencia frente a las autoridades universitarias, los gobiernos y todos los sectores del régimen universitario. Somos esa izquierda que no se subió al palco de Emiliano Yacobitti y el conjunto de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) después de la gigantesca movilización universitaria del 12 de mayo.

Entendemos que quienes negocian salarios de pobreza para docentes y no docentes, pactando con el gobierno de Milei cuánto resignar de la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en las calles, no pueden presentarse como los representantes de quienes luchan por la universidad pública. 

Dentro de la UNGS esa misma política se expresó en cada una de nuestras peleas. Cuando El Puente nos arrebató durante un año las elecciones del CEUNGS, mostramos esa maniobra desvelando los métodos del peronismo local, e impulsamos junto a cientos de estudiantes una asamblea que exigió los padrones necesarios para garantizar un proceso electoral transparente. La gestión se negó a entregarlos, mostrando su complicidad con El Puente. 

Del mismo modo, en una semana atravesada por la lucha contra la violencia machista, reclamamos desde la Secretaría de Género y Diversidad que la universidad dispusiera micros para movilizar y exigir justicia por Agostina. Tampoco obtuvimos respuesta. 

Por eso no aceptamos que quienes ignoraron sistemáticamente estos reclamos pretendan ahora presentarse como defensores de la democracia universitaria mientras avalan la proscripción de una lista opositora. 

Este mismo grupo de rectores nucleado en el CIN es el que hace apenas unos días convalidó, mediante negociaciones con el gobierno de Javier Milei, una paritaria docente de miseria y en cuotas, muy lejos de las necesidades de quienes sostienen todos los días la universidad pública. Lo hicieron después de meses de lucha, asambleas, movilizaciones y tomas, y contaron para ello con la colaboración de las conducciones sindicales que se preparan para presentar como una conquista lo que en realidad es una nueva pérdida salarial para la docencia universitaria. 

El atropello de arrebatarnos nuestra identidad en las listas y someternos a una elección en peores condiciones beneficia a las listas que conforman la propia junta electoral premiando a la oposición moderada.

Basta ver los spots del vicerrector Germán Pinazo, donde intenta presentar como una hazaña el "sostenimiento de la vida universitaria" en medio de la crisis actual. Mientras docentes y nodocentes pierden salario año tras año y miles de estudiantes hacen enormes esfuerzos para seguir cursando, una casta de autoridades universitarias que cobra millones pretende exhibir como un mérito la administración del ajuste. De tanto negociar por arriba y adaptarse a los límites impuestos por los gobiernos de turno, terminan reproduciendo dentro de la universidad los mismos métodos burocráticos y autoritarios que dicen cuestionar. La proscripción de nuestra lista y la imposición de un nombre que nunca elegimos son una expresión concreta de esa orientación. 

Después de haber agotado todas las instancias, presentado recursos y proponer distintas alternativas, no aceptaremos presentarnos bajo una denominación impuesta por quienes deberían garantizar la transparencia del proceso electoral. Por esa razón, nuestra lista no participará de estas elecciones.

No aceptamos que una autoridad electoral decida cómo debe llamarse una organización política. No aceptamos que se impongan identidades políticas desde arriba. No aceptamos que una elección universitaria sea utilizada como un mecanismo de disciplinamiento político.

Nos negamos a convalidar esta proscripción. Si la Junta Electoral decidió impedir que nuestra lista se presente con la identidad política que eligió, será ella quien deba hacerse responsable de las consecuencias políticas de esa decisión.

Esta decisión no nos retira de la pelea política en la universidad. Nosotros seguiremos interviniendo en cada una de las luchas estudiantiles, defendiendo los derechos democráticos y enfrentando las políticas de ajuste dentro y fuera de la universidad. Por el contrario, reafirma nuestra voluntad de construir una agrupación que enfrente las prácticas burocráticas de las autoridades universitarias, que pelee por recuperar el Centro de Estudiantes para ponerlo al servicio de enfrentar el ajuste de Milei y que defienda verdaderamente la universidad pública.