Pinazo sale a vender el acuerdo del CIN. Nosotrxs no lo compramos.

El rector de la UNGS, Germán Pinazo, vía mail institucional y en declaraciones en UNI Radio (Radio de la UNGS) salió a explicar lo que firmó el CIN. Reconoció que la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin cumplirse, reconoció que los problemas de fondo continúan abiertos, y aun así concluyó que hay que valorar lo conseguido y seguir por el camino de la negociación institucional. 

Pero el gran problema que tiene es que la firma del acuerdo en este momento, justo cuando está terminando el semestre, es que le hizo un enorme favor al gobierno en su objetivo de desactivar el reclamo universitario. Aunque Pinazo no salga a celebrar como muchos de sus colegas del CIN, su comunicado cumple la misma función: justificar lo que se firmó y pedir que no busquemos culpables.

Lo que Pinazo dice y lo que calla

Pinazo tiene razón en un punto. El aumento del 21% no hubiera existido sin dos años de conflicto. En la UNGS, estudiantes, graduados, docentes y nodocentes pusimos en pie la Asamblea Interclaustro desde principios de 2024, llevando adelante clases públicas, movilizaciones locales, tomas y participación en las marchas universitarias más masivas de los últimos años. El gobierno no regaló nada. Lo que se arrancó tiene un costo político real para el oficialismo y sería ingenuo ignorarlo.

Pero ese argumento tiene un límite preciso.

Entre diciembre y mayo los salarios universitarios acumularon un 15% de aumento y nadie sostuvo que la ley se estaba cumpliendo. Ahora suben un 21% y tampoco. La pregunta que Pinazo no responde es cuándo empieza a cumplirse, y con qué mecanismo concreto se garantiza que eso ocurra. No hay respuesta porque lo que se firmó no la contempla.

Lo que se firmó es un acuerdo paritario y una transferencia presupuestaria. No hay en ninguna de las actas una sola línea que reconozca la obligación de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. No hay plazos ni garantías. No hay nada que el gobierno no pueda ignorar mañana con la misma impunidad con que ignoró la ley hasta hoy.

Rectores y burocracias sindicales firmaron con un gobierno que ya vetó la ley, que ya la desconoció, que ya demostró que una ley votada por el Congreso es para él apenas un problema a administrar. Y firmaron sin que nadie por fuera de las direcciones pudiera leer las actas antes de que estuvieran rubricadas.

Hay un problema profundo que Pinazo evita discutir. Si hubo un sector que logró arrancarle concesiones al gobierno fue el movimiento universitario que protagonizó esas movilizaciones masivas. Fueron las marchas las que generaron simpatía social hacia la universidad pública, las que pusieron al gobierno contra las cuerdas y las que permitieron construir mayorías parlamentarias para votar la ley y rechazar los vetos presidenciales. Nada de eso fue producto de reuniones de gabinete ni negociaciones reservadas. Fue producto de la movilización en las calles.

Sin embargo, cuando existía la posibilidad de profundizar esa fuerza, los rectores decidieron cerrar un acuerdo. Por eso la discusión de fondo no es si el aumento alcanza o no. La discusión es qué estrategia puede derrotar el ajuste de Milei. Y la que hoy defiende Pinazo es la misma que sostuvieron los rectores del CIN: confiar en la negociación institucional cuando la principal fuerza estaba en las calles.

El problema no es la comunicación. Es la política.

El propio Pinazo reconoce en su comunicado que "nadie gana un conflicto que va a durar 4 años o más si no tiene alguna victoria en alguna de las peleas que da." Es una confesión involuntaria: está admitiendo que esto no resuelve nada y que el conflicto seguirá años. La pregunta entonces es por qué firmar ahora, justo cuando terminaba el semestre y el gobierno necesitaba desactivar la presión social.

La respuesta la da sin querer el propio comunicado. Lo que se firmó, aunque Pinazo no lo diga así, modifica algo concreto: le aliviana la carga al gobierno y debilita el argumento de urgencia ante la Corte Suprema. La firma del acuerdo permite desactivar la emergencia presupuestaria, que era exactamente lo que la Corte necesitaba para no tener urgencia en resolver. Eso deja en peores condiciones cualquier reclamo por las vías institucionales. Pinazo lo omite.

Cuando el rector pide "no contribuir a la lectura de que el conflicto quedó atrás" y al mismo tiempo sale a explicar los puntos positivos del acuerdo, el mensaje que llega es que algo se cerró. No porque los medios lo tergiversen. Sino porque eso es exactamente lo que comunica el rectorado.

Pinazo, el CIN y los dirigentes sindicales dicen que no se bajan de la pelea por la ley. El gobierno dice que necesitaba cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que hubiera clases. Uno de los dos está describiendo mejor lo que pasó.

Sin embargo, no se cerró nada. La ley sigue sin cumplirse. Los salarios siguen deteriorados respecto de diciembre de 2023, que es la vara que la propia ley establece. La emergencia presupuestaria sigue abierta. Los edificios siguen sin mantenimiento, las becas no alcanzan y  la investigación sigue desfinanciada. En la propia UNGS hay docentes bajo contratos precarizados MAF.

¿Qué universidad quiere construir Pinazo?

El rol que vienen jugando los rectores frente al gobierno no es nuevo. Después de la primera marcha universitaria le dieron la espalda a los docentes negociando solo gastos de funcionamiento. En medio del mismo conflicto, Pinazo comenzó a aplicar el SACAU para reformar los planes de estudio, una continuidad de la LES menemista que nadie pidió y nadie debatió. Denuncian la falta de presupuesto y los bajos salarios, pero también quieren cerrar el conflicto y normalizar las clases sin importar las condiciones en que trabajan los docentes.

Esa bronca que generó el acuerdo por abajo, entre docentes y nodocentes, es real. Y es lo que hay que transformar en organización.

Porque la universidad pública puede jugar un papel mucho más importante que el de una institución que reclama recursos para sí misma. Puede transformarse en un punto de apoyo para todos los sectores que enfrentan las políticas de Milei: los trabajadores que luchan contra despidos y ajustes, las mujeres y diversidades que enfrentan ataques a sus derechos, los jubilados que se movilizan cada semana, la comunidad científica, la cultura. Para eso hace falta una orientación opuesta a la de quienes buscan normalizar el conflicto.

Quienes sostienen la UNGS no son las autoridades. Son los docentes que dan clases en aulas que se llueven. Los nodocentes que mantienen funcionando una institución con presupuesto de crisis. Los estudiantes que cursan, militan y organizan la vida universitaria todos los días. Ellos son la universidad. Y ellos son quienes menos participaron de las decisiones que se tomaron en su nombre.

La discusión tampoco puede separarse de la democracia universitaria. Los mismos sectores que hoy piden confiar en acuerdos cerrados por arriba son los que sistemáticamente limitan la participación real de estudiantes, docentes y nodocentes en las decisiones fundamentales. En la UNGS lo vivimos directamente: mientras se nos pide confiar en las negociaciones institucionales, las autoridades electorales proscribieron nuestra lista imponiéndonos un nombre que no nos representa.

Desde En Clave Roja defendemos otra perspectiva. Organizar la fuerza que mostró la universidad en las calles, fortalecer la autoorganización, unir la pelea universitaria con la de los trabajadores y todos los sectores que enfrentan el ajuste, y luchar hasta que se cumpla integralmente la Ley de Financiamiento Universitario.

Porque lo que está en discusión no es solamente un presupuesto. Está en discusión qué universidad queremos y de qué lado se ubica frente al gobierno de Milei.