Explotación minera extranjera del litio en Jujuy: los pueblos originarios en la periferia de la riqueza global
Actualizado: 22 ago
Un ensayo de Aylen Rolón Velásquez, Lic. en Relaciones Internacionales de la UNSAM, que analiza críticamente la expansión de la minería de litio en Jujuy, sus vínculos con el capital transnacional y las consecuencias socioambientales y territoriales que recaen sobre los pueblos originarios.
Introducción
La provincia de Jujuy se ha posicionado como un territorio estratégico para la extracción de litio, recurso indispensable para la transición energética global. Detrás de esta narrativa de progreso y desarrollo se esconde una realidad profundamente desigual donde empresas transnacionales obtienen jugosas ganancias mientras los pueblos originarios cargan con las consecuencias socioambientales. Este ensayo analiza críticamente cómo el modelo extractivista reinvisibiliza sistemáticamente a las comunidades indígenas, perpetuando dinámicas de colonialismo interno que subordinan sus derechos territoriales y culturales a los intereses del capital extranjero. Lejos de beneficiarse del llamado "oro blanco", las comunidades kolla, atacameña, ocloya y otras se encuentran luchando por su supervivencia cultural y física en un territorio cada vez más degradado y mercantilizado.
Marco económico y jurídico del extractivismo del litio en Jujuy
La expansión minera en Jujuy ha alcanzado niveles sin precedentes durante 2025, consolidando a la provincia como uno de los principales polos de extracción de litio en Argentina y Sudamérica. Actualmente existen 24 emprendimientos activos vinculados a la explotación de litio y borato, lo que refleja una política provincial orientada al crecimiento extractivo sin una planificación ambiental o social integral. Este auge responde a una lógica claramente extractivista, donde las decisiones económicas priorizan la rentabilidad de las corporaciones internacionales por encima de los derechos humanos, los intereses comunitarios y la sostenibilidad territorial.
El caso más representativo es el del proyecto Cauchari-Olaroz, gestionado por la empresa Exar, que para 2025 alcanzó una producción estimada de entre 30.000 y 35.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, con un costo operativo de alrededor de 6.543 dólares por tonelada. Durante el segundo trimestre del año, el complejo aumentó su producción en un 18% respecto al trimestre anterior, operando ya por encima del 85% de su capacidad instalada. Este nivel de rendimiento posiciona a Jujuy como la provincia con mayor capacidad productiva de litio del país, aunque también acentúa su dependencia de capitales extranjeros y la concentración económica en pocas manos.
En paralelo, Jujuy ha profundizado su integración económica con China. En 2025, la provincia renovó su alianza con la provincia china de Guizhou, consolidando inversiones por más de 250 millones de dólares destinadas a expandir la cadena de valor del litio. Además, empresas chinas como Ganfeng Lithium participan en proyectos locales con una inversión total cercana a los 980 millones de dólares, lo que refuerza la dependencia de capitales foráneos y plantea interrogantes sobre el control nacional de los recursos estratégicos.
El marco legal y político en Argentina ha sido fundamental para facilitar este modelo. Según análisis especializados, el país cuenta con un marco normativo de naturaleza liberal para la minería, establecido en los años 90 mediante el artículo 124 de la Constitución Nacional, el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras. Este marco fue diseñado específicamente para atraer capitales extranjeros otorgándoles estabilidad fiscal por décadas y limitando las regalías provinciales a no más del 3%. Como resultado, las empresas transnacionales operan con grandes beneficios mientras las comunidades locales enfrentan los costos ambientales sin recibir compensaciones justas.
La vulneración de los derechos territoriales en Jujuy se ha agravado con la reciente reforma constitucional aprobada en junio de 2023. En apenas tres semanas y en medio de un proceso acelerado, opaco y con escasa consulta pública, la Asamblea Constituyente sancionó una nueva Constitución provincial que, bajo el argumento de promover la paz social, terminó restringiendo derechos fundamentales de las comunidades originarias y de los movimientos sociales. Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 50, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, su derecho a la educación bilingüe e intercultural, y a participar en decisiones que los afecten. Sin embargo, el mismo artículo limita ese derecho al establecer que la participación y consulta se realizará únicamente respecto de las comunidades reconocidas y con título de propiedad de las tierras que ocupan.
Los mecanismos de exclusión que afectan a las comunidades originarias en Jujuy operan de manera sistemática. La falta de consulta previa se manifiesta en el avance de proyectos mineros sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, tal como exige el Convenio 169 de la OIT. Un ejemplo concreto es el caso de la Comunidad El Angosto, donde el 80% de una concesión minera se superpone con sus tierras comunitarias sin que se realizara consulta alguna. La precariedad jurídica territorial se evidencia en que la mayoría de las comunidades carece de títulos formales de propiedad, a pesar de habitar ancestralmente estos territorios. Esta situación fue agravada por la reforma constitucional de Jujuy en 2023, que facilitó los desalojos al requerir títulos de propiedad para ser considerado comunidad con derechos.
Impactos ambientales de la minería de litio en Jujuy
El impacto ambiental de la minería de litio en Jujuy es severo y multidimensional. La extracción consume recursos hídricos de forma masiva, requiriendo hasta medio millón de litros de agua por tonelada de litio producida, lo que ha generado un descenso crítico en los niveles de agua de pozos que utilizan comunidades locales para consumo, agricultura y ganadería. Como advierte Verónica Kwaterka, geóloga de la UNSAM, los piletones de evaporación, que pueden ocupar el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, se construyen muchas veces sobre "abanicos aluviales" que contienen agua dulce, con el riesgo de que las sales se infiltren y contaminen estas fuentes vitales, se alteren irreversiblemente las redes de drenaje y los suelos, degradando tierras productivas. Los ecosistemas frágiles, como los humedales altoandinos, se destruyen, con casos documentados de desecación de vegas que persisten por décadas, llevando a la pérdida de biodiversidad y recursos tradicionales. La calidad del agua también se ve comprometida por la posible salinización de acuíferos de agua dulce, un riesgo que ya se ha materializado en otras cuencas de la región por actividades extractivas similares.
Frente a esta situación, las comunidades indígenas han emprendido acciones legales históricas. Un caso emblemático es el de las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes, que, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presentaron una acción de amparo que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal aceptó intervenir en el conflicto, reconociendo la gravedad de la situación y el riesgo de un daño irreversible en el sistema hídrico de la cuenca. Este caso ejemplifica la creciente judicialización de los conflictos socioambientales, donde las comunidades buscan protección ante un Estado cuyas políticas frecuentemente priorizan los intereses mineros extranjeros sobre los derechos territoriales y ambientales de los pueblos originarios.
Pobreza y exclusión como consecuencia directa de la explotación extranjera
Las promesas de empleo local y prosperidad han resultado ser espejismos para las comunidades. Los puestos de trabajo generados son escasos, temporales y frecuentemente ocupados por trabajadores calificados importados de otras regiones, marginando aún más a la población local.
En el ámbito económico, la limitada generación de empleo local se refleja en que las exportaciones de litio representan solo el 0,4% de las exportaciones totales argentinas, con escasos beneficios para las comunidades. Los puestos especializados son ocupados por personal externo, mientras la mano de obra local se limita a empleos temporales y no calificados. Como explica Mercedes Maidana, comunera de Laguna de los Pozuelos: "Aquí, en Jujuy, el capital lo ponen los de afuera, la tierra la entregan los gobernantes que se creen sus dueños, y el trabajo es la mano de obra esclava a la que someten a nuestros jóvenes". Esta declaración refleja la desposesión multidimensional que experimentan las comunidades, excluidas de los beneficios económicos, despojadas de sus territorios y condenadas a la precariedad laboral.
Lejos de constituir una vía de desarrollo local, el auge del litio en Jujuy ha exacerbado las desigualdades estructurales que históricamente han marginado a las comunidades indígenas. El modelo extractivo implementado genera beneficios concentrados en manos de corporaciones transnacionales y élites políticas locales, mientras distribuye difusamente los costos ambientales y sociales entre las comunidades más vulnerables.
La vulneración de derechos territoriales se ha agravado con las recientes reformas legales. La modificación de la Constitución de Jujuy en 2023, que fue elaborada en apenas tres semanas y aprobada en la madrugada, de una forma casualmente desastrosa, facilitó los desalojos de comunidades que no pueden demostrar título de propiedad formal, afectando especialmente a indígenas cuyos derechos territoriales se basan en la posesión ancestral. Como explica Orlando Flores, autoridad comunitaria de Abralaite: "Ahí [en la nueva Constitución] se habla de consultar solo a las comunidades que tengan títulos. Como la mayoría no los tenemos, no podremos participar". Esta estrategia de invisibilización jurídica niega la preexistencia de los pueblos indígenas reconocida en la Constitución Nacional argentina.
Narrativas mediáticas y académicas centradas en el recurso, no en las personas
La construcción discursiva en torno al litio en Jujuy ha operado una deshumanización sistemática de las comunidades indígenas, presentándolas como obstáculos al progreso en lugar de sujetos de derechos. Los medios de comunicación hegemónicos y cierto discurso académico han perpetuado una narrativa que invisibiliza el sufrimiento y la resistencia de los pueblos originarios, enfocándose casi exclusivamente en las dimensiones económicas y tecnológicas del litio. Esta simplificación discursiva responde a lo que Vara identifica como una lucha por la legitimidad técnica: "Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y otro". En este campo de batalla epistemológico, los saberes ancestrales de las comunidades indígenas son sistemáticamente desvalorizados frente al conocimiento técnico-empresarial, a pesar de que estas poseen un entendimiento profundo de los ciclos ecológicos y territoriales.
Las comunidades son representadas como actores secundarios en un drama cuyo protagonista sería el mineral mismo, reducidas a meros obstáculos en el camino del "progreso" energético global. El lenguaje utilizado por empresas y gobiernos refleja esta cosificación de la naturaleza y las comunidades. Se habla de "recursos naturales", "capital", "inversiones" y "oportunidades económicas", mientras se silencian conceptos que estructuran la cosmovisión indígena.
Como expresan representantes indígenas en su declaración de enero de 2025: "Los Pueblos Indígenas no queremos ser parte de una transición energética, en virtud de la cual, los países y las empresas mineras de litio violen nuestros derechos colectivos y afecten nuestra relación espiritual con nuestra madre tierra Pachamama". Esta declaración evidencia el choque epistemológico subyacente al conflicto: dos formas radicalmente distintas de entender la relación entre seres humanos y naturaleza.
Los medios suelen invisibilizar las resistencias o representarlas como acciones irracionales y violentas. Por ejemplo, durante las protestas de 2023 en Jujuy, los medios concentraron su cobertura en los enfrentamientos con la policía, oscureciendo las causas profundas del malestar social. Como relata Laura Méndez, comunicadora indígena: "Las cámaras mostraron la persecución, cómo derribaban puertas para entrar a las casas a buscar gente y se la llevaban en camionetas de empresas privadas sin patente". Esta criminalización de la protesta se ve facilitada por un marco legal restrictivo, como la reforma constitucional de Jujuy que limitó el derecho a la protesta, posteriormente derogada ante la presión social, pero indicativo de una tendencia más amplia.
Hacia un enfoque centrado en los derechos de los pueblos originarios
Superar la dinámica extractivista requiere fundamentalmente un cambio de paradigma que coloque los derechos de los pueblos originarios en el centro de las políticas de desarrollo. Esto implica reconocer que las comunidades indígenas no son meras interesadas en los proyectos extractivos, sino titulares de derechos colectivos inalienables sobre sus territorios ancestrales. Como establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o recursos.
Las comunidades han respondido con propuestas concretas que demuestran la viabilidad de alternativas al modelo extractivista. En 2014, más de 30 comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc desarrollaron su Protocolo Biocultural Comunitario Kachi Yupi, estableciendo procedimientos propios para la consulta previa basados en sus instituciones y tradiciones. Este protocolo constituye un ejemplo de autodeterminación normativa donde las comunidades ejercen su derecho a definir los términos de su participación en decisiones que las afectan. Sin embargo, tanto el gobierno provincial como las empresas mineras han ignorado reiteradamente este instrumento, prefiriendo imponer sus propios procedimientos que favorecen los intereses corporativos.
La internacionalización de las demandas ha sido otra estrategia crucial para las comunidades. En septiembre de 2024, líderes indígenas de Jujuy presentaron denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, exponiendo las violaciones sistemáticas a sus derechos territoriales. Esta acción refleja cómo las comunidades están escalando sus reclamos ante la inoperancia de las instancias nacionales para proteger sus derechos. Como señaló Néstor Jérez, líder del Pueblo Ocloya, en su presentación: "Se está violando el principio de consulta previa, la libre determinación y el derecho al territorio". Esta estrategia de litigio internacional busca crear mecanismos de rendición de cuentas que trasciendan las complicidades locales entre gobiernos y empresas.
Reflexiones finales: soberanía sobre los territorios y los recursos
La explotación del litio en Jujuy revela con crudeza las contradicciones profundas de un modelo de desarrollo que sacrifica derechos humanos fundamentales en el altar del crecimiento económico. Lejos de constituir un motor de progreso compartido, la minería de litio ha exacerbado las desigualdades históricas que marginan a los pueblos originarios, concentrando beneficios en élites políticas y corporativas mientras externaliza los costos socioambientales sobre las comunidades más vulnerables. La retórica de la "transición energética" no puede seguir utilizándose para encubrir lo que esencialmente constituye una nueva forma de colonialismo extractivo que perpetúa dinámicas de despojo iniciadas hace siglos. Como expresan las comunidades indígenas en su declaración de enero de 2025: "Los pueblos indígenas, en pleno ejercicio de nuestros derechos colectivos a libre determinación y a la propiedad colectiva de las tierras bajo posesión de nuestras comunidades, tenemos el derecho de decidir sobre nuestras comunidades, tierras, territorios y recursos naturales". Este principio de autodeterminación constituye el fundamento irrenunciable para cualquier desarrollo genuinamente sostenible y justo.
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