[2023 - 1] Blaquier y la clase empresaria: quienes estaban detrás del terrorismo de estado

Por Nicolas Mayorga - Estudiante Cs Políticas

1976. La historia de nuestro país tiene un punto de inflexión a partir del cual crecen la deuda externa, la desocupación y la pobreza, con las enormes consecuencias sociales que sufrimos aún hoy en Argentina, donde 7 de cada 10 pibes son pobres y tienen como única posibilidad los trabajos precarios y la superexplotación. Pero también crecieron, es importante señalar, las fortunas de una ínfima minoría de la sociedad que se benefició con todos los gobiernos que hubo desde el 76’ hasta la actualidad. Para sostener la acumulación de capital, la clase dominante no dudó en imponer a sangre y fuego una represión sistemática contra el activismo obrero-estudiantil y que se llevó la vida de nuestros 30 mil compañeras y compañeros que aún hoy continúan desaparecidos. Nuestro homenaje a quienes participaron activamente y con decisión revolucionaria en la lucha por construir una sociedad mejor, socialista, igualitaria y verdaderamente democrática, donde la clase productora decidiera qué y cómo producir en interés de las mayorías.

Por otra parte, si bien se suele asociar el terrorismo de Estado con la dictadura militar que se autodenomino “proceso de reorganización nacional” y que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, es importarte destacar que la desaparición forzada, la tortura y el asesinato fueron prácticas que las Fuerzas Armadas y las de Seguridad (policías provinciales, federales, prefectura, gendarmería, etc.) realizaron desde fines de 1973 bajo la forma del terror paraestatal de la Triple A, organizada por el ministro de Bienestar Social, José Lopez Rega y los comisarios de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar y Luis Margaride. También hay que subrayar el papel llevado a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el gobierno peronista de Isabel, que con diversos operativos “legales” llevados a cabo a partir de febrero de 1975, como el Decreto 261/75 que autorizaba a «ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán» denominado “Operativo Independencia” y también el “Operativo Rocamora” en Villa Constitución que movilizó a más de 4.000 miembros de las FF.AA y FF.SS que sembraron el terror en la población. Estos lugares no son casuales. En Tucumán y en Villa Constitución la clase obrera y los estudiantes vivieron procesos de lucha muy fuertes, como el Tucumanazo y el Villazo, donde se consiguieron históricas conquistas a partir de las movilizaciones sociales.

La responsabilidad empresarial también es un punto importante que se debe resaltar. Tal como ocurrió en Acindar (la empresa más grande en Villa Constitución) y en diversos ingenios de la provincia de Tucumán (el Ingenio La Fronterita, en Famaillá, por citar uno), otra de las grandes empresas señaladas en las investigaciones es el Ingenio Ledesma. Ubicado en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua en Jujuy, allí funcionó un centro clandestino de detención, donde se organizaron operativos de secuestro, la confección de las listas de trabajadores a detener, con el aporte de camionetas y dinero a los militares, además de la habilitación de instalaciones para la tortura. En la llamada “Noche del apagón”, que en realidad fueron varias noches consecutivas entre el 19 y el 27 de julio de 1976, más de 400 trabajadores del Ingenio, estudiantes, profesionales, militantes y dirigentes sindicales fueron secuestrados y trasladados a distintos galpones de mantenimiento del lugar donde fueron torturados. Treinta y tres de ellos y ellas continúan hoy desaparecidos.

Las maniobras dilatorias y el lento avance de las causas judiciales contra empresarios investigados por delitos de lesa humanidad permitieron al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, morir el 13 de marzo de este año, en libertad y sin ser juzgado por sus crímenes. Además de él, otras 63 “personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad” fallecieron el año anterior, contabilizando un total de 1036 fallecidos frente a 1117 que fueron condenados por tales delitos, según el Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En la actualidad, cumplen prisión efectiva en una cárcel del servicio penitenciario solamente 108 genocidas, mientras que 549 lo hacen bajo la modalidad de arresto domiciliario. Según informa el CELS, “el 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios” (CELS 2018).

Entre las pocas condenas a empresarios destaca la prisión preventiva dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta a Marcos Levin, dueño de “La Veloz del Norte”, quien cumple prisión domiciliaria. En septiembre de 2015, Levin fue el primer empresario que enfrentó un juicio oral y público acusado por crímenes de lesa humanidad. Según los testimonios de sobrevivientes, las torturas realizadas en la comisaría 4° de Salta eran supervisadas por el empresario en persona. Otra condena histórica se produjo en 2017 a personal jerárquico de la Ford, empresa en la cual también funcionó un centro clandestino de detención. Sin embargo, estos casos son excepcionales cuando la burguesía en su conjunto fue responsable de los delitos de lesa humanidad, utilizando el poder represivo de las Fuerzas Armadas para disciplinar a la clase obrera y aumentar los niveles de explotación, afectando los salarios y la estabilidad laboral, con las consecuencias sociales que todos conocemos.

A lo largo y ancho del país, en las más diferentes ramas productivas, los testimonios de sobrevivientes de la dictadura destacan que las empresas entregaban a las fuerzas represivas datos personales, fotografías y listados donde figuraban delegados sindicales y militantes de las distintas organizaciones de izquierda. Pero no solo eso, los empresarios dieron aportes económicos y materiales para la represión, implicando la instalación de centros clandestinos de detención en el predio de las fábricas y la detención en horario laboral, incluso en la línea de producción frente a los compañeros. A todos estos puntos que hemos mencionado hay que agregar la presencia habitual de militares para vigilar y amedrentar en las puertas de las fábricas, el control militarizado de la producción, la infiltración de agentes de inteligencia para obtener información de los trabajadores, la entrega de cargos directivos para oficiales de las FF.AA e inclusive la presencia de empresarios en la sala de torturas. Por todo ello, el grado de involucramiento de empresarios en el plan sistemático para detener y desaparecer a trabajadores demuestra que hay patrones coincidentes, que de forma contundente destacan el papel activo que tuvieron los burgueses en la represión. Por ello no puede hablarse solamente de complicidad con las Fuerzas Armadas, sino que comparten la responsabilidad por las practicas represivas del terrorismo de Estado, existiendo una fin común: el disciplinamiento con el fin de obtener cambios significativos en la productividad laboral.

Para finalizar destacaremos las empresas más conocidas investigadas por los procesos represivos más intensos, con decenas de trabajadores desaparecidos por cada fábrica, podemos mencionar Acindar, Dálmine-Siderca, Propulsora Siderúrgica, los Astilleros Astarsa, Mestrina y Río Santiago, Cerámicas Lozadur y Cattaneo, las automotrices Ford, Mercedes Benz y Fiat, Aluar, Fate, las textiles Grafa y Grafanor, Laboratorio Squibb, Petroquímica Sudamericana, Ingenios Concepción, La Fronterita, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Arcor, Terrabusi, Frigorifico Swift, Alpargatas, Loma Negra, La Nueva Provincia, entre otras.

Fuentes

Informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (2022)

AA.VV. Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Tomo I. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015, Ingenio Ledesma. 113-152. (Disponible en https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-represion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/)

Noticias

https://www.cels.org.ar/web/2018/12/causa-ford-condenas-de-10-12-y-15-anos/ 

https://www.laizquierdadiario.com/A-44-anos-de-la-noche-del-apagon-de-Ledesma 

https://www.telam.com.ar/notas/202210/609074-ordenan-prision-preventiva-marcos-levin-delitos-lesa-humanidad.html