La clase obrera en los '70: Polémica con una materia de la UNGS.
- Tesis XI - UNGS

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Actualizado: hace 3 días
Por: Agustina Barrera- Administración UNGS.
Felipe Accogli - Literatura UNGS.

Debatimos con la interpretación de la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos (PSEC) de la Universidad Nacional de General Sarmiento poniendo en discusión el lugar que se le asigna a la clase trabajadora y el modo en que se explican las causas del golpe de 1976
a partir del texto “La Argentina del Proceso. Un texto introductorio a la etapa 1975-1983” de Benítez y Mónaco.
En este artículo retomamos un debate que surgió a partir de uno de los textos de bibliografía obligatoria de la materia Problemas Socioeconómicos Contemporáneos (PSEC) de la UNGS, que es obligatoria de todas las carreras de la UNGS. Nuestro objetivo no es discutir cada aspecto del texto, sino debatir algunos de sus planteos centrales.
Particularmente, queremos discutir una cuestión que muchas interpretaciones suelen dejar en segundo plano: el papel que jugó la clase trabajadora en el proceso político abierto entre el Cordobazo de 1969 y el golpe de 1976.
El texto de Benítez y Mónaco reúne una serie de elementos analíticos relevantes —la crisis económica, la deslegitimación del sistema político, la violencia estatal, el papel de los actores sociales— que permiten reconstruir la complejidad del período. Sin embargo, estos elementos no aparecen organizados de manera neutral: se encuentran estructurados a partir de una matriz interpretativa centrada en la idea de una “crisis múltiple”. Es esta perspectiva la que, en última instancia, ordena jerárquicamente los factores explicativos y determina el foco del análisis.
Ahora bien, las interpretaciones sobre ese período no son neutrales. No se trata simplemente de “relatos” alternativos, sino de formas de ordenar jerárquicamente los hechos históricos, donde lo decisivo es qué se ubica como causa y qué como consecuencia. Los distintos “relatos” sobre los años setenta no constituyen simplemente miradas alternativas igualmente válidas, sino que expresan intereses sociales y políticos concretos. En muchos casos, se trata de construcciones ideológicas elaboradas desde el Estado o desde la perspectiva de las clases dominantes, que fueron sedimentándose a lo largo del tiempo y continúan hoy en disputa bajo nuevas formas.
Nuestra hipótesis es que durante esos años se desarrolló en la Argentina un proceso de insurgencia obrera que puso en cuestión el orden social existente. La profundidad de ese proceso es clave para entender la violencia con la que las clases dominantes respondieron.
¿Cómo se explican los años ’70?
Cuando se intenta explicar un período histórico tan complejo como los años setenta, suelen elaborarse interpretaciones generales que buscan dar sentido a los acontecimientos. En el caso argentino pueden identificarse al menos tres grandes relatos, que no deben entenderse como explicaciones neutrales sino como construcciones ideológicas situadas.
a)El relato de los militares
El primer relato fue elaborado por los propios militares luego del golpe de 1976.
Según esta versión, el país se encontraba amenazado por una “subversión terrorista” que buscaba destruir la nación. Desde ese punto de vista, el golpe militar habría sido una intervención necesaria para restaurar el orden.Durante la dictadura esta interpretación se difundió como discurso oficial en medios de comunicación, escuelas y documentos del Estado.
Sin embargo, con el retorno de la democracia se hizo publico(aunque durante la dictadura hubo constantes denuncias, surgimiento de movimientos de derechos humanos etc) los crímenes del terrorismo de Estado: secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones sistemáticas. Esto volvió cada vez más insostenible aquella versión.
b)La teoría de “los dos demonios”
Un segundo relato se consolidó durante los primeros años de la democracia. Es lo que se conoce como la teoría de los dos demonios.
Según esta interpretación, en los años setenta la sociedad argentina habría sido víctima de dos violencias: la de las organizaciones guerrilleras y la del Estado. El terrorismo de Estado habría sido una respuesta desproporcionada frente a la violencia previa de las organizaciones armadas.
Esta visión reconoce el carácter criminal de la represión, pero al mismo tiempo termina colocando en un mismo plano a quienes ejercieron el terrorismo de Estado desde el aparato estatal y a quienes lo combatieron.
Además, al centrarse en el enfrentamiento entre organizaciones armadas, deja fuera de escena a un actor social clave: la clase trabajadora.
c)El relato del “setentismo K”
Un tercer relato ganó fuerza después de la crisis del 2001 y durante los gobiernos kirchneristas.
Esta visión reivindica la militancia política de los años setenta y cuestiona la teoría de los dos demonios. Sin embargo, muchas veces presenta ese período principalmente como la historia de una generación de jóvenes militantes, desplazando el eje de las grandes fuerzas sociales.
Más profundamente, este enfoque abandona una perspectiva de transformación social estructural. El horizonte deja de ser una ruptura con el orden capitalista —incluso en variantes reformistas como la vía pacífica al socialismo— para ubicarse, en el mejor de los casos, en la idea de un capitalismo más “humano”. En su versión más acrítica, esta mirada deriva en un “populismo” que diluye las contradicciones de clase.
d)Un cuarto relato: la insurgencia obrera
Existe sin embargo otra interpretación que propone mirar los años setenta desde un lugar diferente: poniendo en el centro la acción de la clase trabajadora. Esta perspectiva fue desarrollada, entre otros trabajos, en el libro Insurgencia obrera en la Argentina (1969-1976) de Ruth Werner y Facundo Aguirre.
Desde esta mirada, el período abierto por el Cordobazo en 1969 estuvo marcado por un ascenso de la lucha de clases protagonizado por la clase obrera. El Cordobazo fue una rebelión que comenzó como una huelga obrera y terminó en una insurrección urbana que puso en jaque a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Obreros y estudiantes tomaron las calles de Córdoba durante horas y enfrentaron a las fuerzas represivas. A partir de ese momento se abrió una etapa de grandes luchas sociales, huelgas, ocupaciones de fábricas y procesos de organización desde las bases.
En distintas regiones del país comenzaron a surgir comisiones internas combativas y cuerpos de delegados antiburocráticos que cuestionaban tanto a las patronales como a la burocracia sindical tradicional.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. En 1974 los obreros de las grandes siderúrgicas de la zona —entre ellas Acindar— protagonizaron un importante proceso de organización que llevó al triunfo de una lista sindical combativa conocida como la Lista Marrón.
Este proceso cuestionaba el control que la burocracia sindical ejercía sobre el sindicato metalúrgico y buscaba construir una organización más democrática y combativa.
La respuesta del gobierno peronista fue brutal. En marzo de 1975 se lanzó el Operativo Serpiente Roja del Paraná, una represión masiva que incluyó detenciones, persecuciones y el encarcelamiento de cientos de trabajadores. Villa Constitución mostró con claridad que el enfrentamiento entre el Estado y la vanguardia obrera ya estaba en pleno desarrollo antes del golpe militar.
Otra experiencia importante se desarrolló en los astilleros del norte del Gran Buenos Aires, particularmente en la empresa Astarsa.
Allí surgió una comisión interna combativa, que dirigía la JTP, que impulsó importantes luchas por mejores condiciones de trabajo, seguridad laboral y democracia sindical.
Los trabajadores denunciaban, por ejemplo, las condiciones extremadamente peligrosas en las que se realizaban muchas tareas dentro del astillero.
Las luchas de Astarsa se convirtieron en un símbolo del sindicalismo combativo de la época. Muchos de sus delegados y activistas serían luego perseguidos y desaparecidos durante la dictadura.
Otro caso que muestra la relación entre represión y organización obrera es el de la planta de Ford en la localidad de General Pacheco. En los años previos al golpe existía allí una fuerte organización sindical en la fábrica, con delegados que impulsaban reclamos laborales y cuestionaban a la empresa. Tras el golpe de 1976, la represión cayó con particular dureza sobre esos trabajadores. Delegados y activistas fueron secuestrados dentro de la propia planta y trasladados a centros clandestinos de detención.
Años más tarde, la justicia argentina comprobó que directivos de la empresa habían colaborado con el aparato represivo proporcionando información sobre los trabajadores.
El caso Ford muestra hasta qué punto la represión estuvo dirigida contra la organización obrera en los lugares de trabajo.
El papel de la clase obrera en los ‘70: cuatro debates
Como señalamos, no nos proponemos discutir el conjunto del texto de Benítez y Mónaco, sino intervenir en algunos de sus núcleos interpretativos. En particular, consideramos que su enfoque, aun siendo introductorio, reproduce ciertos problemas extendidos en la historiografía: la tendencia a descentrar el papel de la clase obrera y a diluir la dinámica de la lucha de clases en explicaciones más generales.
En el texto de Benítez y Mónaco, la dinámica del período aparece organizada a partir de una combinación de factores: crisis económica, violencia política, deslegitimación institucional,
que terminan ubicando a la clase trabajadora como un elemento más del contexto. El problema no es solo una omisión parcial, sino una inversión de la relación causal: aquello que aparece como causa general (la “crisis”) es, en gran medida, el resultado de un proceso previo de ascenso de la lucha de clases.
En este sentido, organizamos la discusión en torno a cuatro cuestiones: a) la radicalización política, b) la relación entre la clase obrera y el peronismo, c) las causas del golpe de 1976 y d) el carácter del terrorismo de Estado.
Un límite adicional del enfoque de Benítez y Mónaco es la escasa articulación entre la dinámica nacional y el proceso internacional. El ascenso obrero abierto con el Cordobazo no fue un fenómeno aislado, sino parte de un ciclo más amplio de luchas sociales a nivel mundial, que incluyó desde las jornadas de mayo del 68 en Francia hasta la derrota de Estados Unidos en Vietnam y el impacto de la Revolución Cubana en América Latina. En este marco, las dictaduras del Cono Sur —coordinadas a través del Plan Cóndor— pueden comprenderse no solo como respuestas locales a crisis internas, sino como parte de una contraofensiva internacional destinada a derrotar procesos de radicalización social y recomponer las condiciones de acumulación del capital. Este debate sin embargo lo dejamos para profundizar en un próximo artículo, con el conjunto de la materia que otros textos toma elementos parciales de la situación internacional.
a) Radicalización política: ¿qué proceso estuvo en el centro?
Los autores señalan que el período estuvo atravesado por un “proceso de radicalización de grupos políticos… que continuaba expresando su lado más extremo en la acción armada, considerada como el estadio superior de la acción política tradicional.” (1). Si bien aclaran que no fue el único elemento en juego, en el desarrollo del texto la atención se concentra fundamentalmente en las organizaciones guerrilleras. Este enfoque en todo su texto tiende a identificar la radicalización con su forma más extrema: la acción armada. Dejando en segundo plano las formas de intervención directa de la clase trabajadora.
El problema de este enfoque no reside en considerar a la lucha armada como un componente del período, sino en el lugar explicativo que se le asigna. Al privilegiar esta dimensión, la radicalización aparece fundamentalmente como un fenómeno político-ideológico ligado a organizaciones específicas, sin embargo, si se invierte el punto de partida, la acción de estas organizaciones puede ser comprendida como una expresión derivada de un proceso social más profundo, cuyo núcleo fue la irrupción de la clase trabajadora como sujeto político.
La cuestión no es determinar qué fenómeno fue “más radical”, sino identificar cuál fue el eje estructurante del proceso histórico. En este sentido, reducir la radicalización a su dimensión armada implica invertir la relación entre forma y contenido.
La radicalización de los años setenta tuvo su base en un proceso social más profundo: el ascenso de la clase trabajadora y la modificación de la relación de fuerzas entre las clases.
Las experiencias de organización obrera —como las coordinadoras interfabriles, los plenarios de Villa Constitución o las jornadas del Rodrigazo— muestran que el fenómeno central fue la irrupción de la clase obrera como sujeto político.
El punto de inflexión de este proceso fue el Cordobazo, que no fue el resultado de la acción de organizaciones armadas sino de la intervención directa de la clase obrera y el movimiento estudiantil. A partir de allí se abrió un ciclo de luchas que incluyó huelgas generales, ocupaciones de fábricas y formas de organización desde las bases que desbordaban los marcos institucionales existentes.
Sin embargo, como han señalado distintos trabajos, entre ellos los de Christian Castillo, los años setenta en la Argentina deben ser comprendidos como parte de un “ensayo general revolucionario” , caracterizado por la irrupción de masas en la escena política y por una creciente insubordinación social.
En este contexto, la acción de las organizaciones armadas debe ser comprendida como una expresión —importante pero minoritaria— de una dinámica mucho más profunda. Reducir la radicalización a su dimensión armada implica, en última instancia, invertir la relación entre fenómeno y fundamento: tomar una de sus formas como si fuera su causa principal.
Lo que queda así invisibilizado es que la radicalización de los años setenta tuvo su base en la transformación de la relación entre las clases, y particularmente en el ascenso de la lucha obrera. De este modo, lo que aparece como una radicalización “política” es en realidad la expresión de un proceso social más profundo. El problema del enfoque analizado es que toma esa expresión como punto de partida, en lugar de explicar las condiciones que la hicieron posible.
b) Clase obrera y peronismo: continuidad, tensiones y ruptura
Un segundo problema del enfoque analizado aparece en la forma en que se presenta la relación entre la clase trabajadora y el peronismo. Los autores sostienen que “el recurso de las armas fue solo uno, el más radical, dentro de un conjunto de opciones mucho más vasto y mayoritario” (2), pero no desarrollan en profundidad cuáles fueron esas otras formas de radicalización ni qué actores las protagonizaron.
En particular, la dinámica del movimiento obrero aparece subsumida bajo la caracterización general de un sindicalismo mayoritariamente peronista. Si bien esto es correcto en términos de identidad política formal, resulta insuficiente para dar cuenta de los procesos reales que atravesaron a la clase trabajadora en esos años.
Durante el período 1969-1976 se desarrolló un proceso de creciente autonomía obrera respecto de sus direcciones tradicionales. En numerosas fábricas surgieron comisiones internas y cuerpos de delegados combativos que cuestionaban tanto a las patronales como a la burocracia sindical. Estas experiencias no solo impulsaban reivindicaciones económicas, sino que ponían en discusión las formas de organización y representación del propio movimiento obrero.
Este proceso alcanzó un punto particularmente alto durante las jornadas de lucha contra el plan económico de Celestino Rodrigo en 1975. Los autores destacan que la reacción sindical llevó adelante el primer paro general contra un gobierno peronista (3), pero omiten que este proceso fue impulsado desde las bases y que la burocracia sindical actuó en gran medida a la defensiva, desbordada por la movilización.
El retorno de Juan Domingo Perón en 1973 no puede entenderse únicamente como una expresión de la voluntad popular, sino también como una estrategia de las clases dominantes para contener el proceso de radicalización abierto desde 1969.
Las coordinadoras interfabriles que surgieron en ese contexto —especialmente en el Gran Buenos Aires— constituyeron formas embrionarias de articulación obrera por fuera de los canales tradicionales. En este sentido, más que una continuidad lineal entre clase obrera y peronismo, lo que se observa es una creciente tensión y, en sectores significativos, una ruptura en desarrollo.
El peronismo actuó, en este sentido, como una mediación destinada a reencauzar el conflicto social dentro de ciertos límites. Sin embargo, este intento de contención fue parcial y finalmente fallido. Las grandes luchas del período —especialmente las jornadas contra el Rodrigazo— mostraron que amplios sectores de la clase trabajadora desbordaban a sus direcciones tradicionales, el peronismo, bajo el gobierno de Juan Domingo Peròn y luego de Isabel Martinez de Peròn, fue girando hacia una politica abiertamente represiva, expresada en la acciòn de la Triple A, una organizacion parapolicial responsable de secuestros y asesinatos de militantes obreros y de izquierda. Lejos de ser un fenòmeno marginal, esta politica anticipò y preparò el terreno para la intervenciòn directa de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, el problema no es caracterizar al movimiento obrero como peronista, sino reducir su dinámica a esa identidad política, invisibilizando los procesos de diferenciación interna y autonomía de clase que se desarrollaron en su interior.
Como ha sido señalado desde la perspectiva del “cuarto relato”, el período estuvo marcado por una crisis de mediaciones políticas y sindicales, en la que amplias franjas de la clase trabajadora comenzaron a actuar de manera cada vez más independiente.
c) Las causas del golpe
En relación con las causas del golpe de 1976, los autores proponen una explicación basada en la convergencia de factores económicos, políticos y sociales. En particular, destacan el papel de sectores empresariales que impulsaron un cambio en el modelo de acumulación, persuadiendo a las Fuerzas Armadas de la necesidad de intervenir para imponer un programa de orientación liberal (4). Además plantean luego que “La intervención… contó con la aceptación de amplios sectores… y, por sobre todo, obtuvo el consentimiento de buena parte de la sociedad.” Este señalamiento resulta clave: si el golpe contó con consenso, la explicación no puede reducirse al “caos”, sino que debe indagar qué intereses sociales se veían amenazados y qué sectores buscaban restablecer el orden y plantearlo explícitamente.
Este señalamiento presenta un límite importante: al colocar en un mismo plano una multiplicidad de factores, se diluye la posibilidad de establecer jerarquías explicativas.
La noción de “crisis múltiple” que utilizan describe adecuadamente el contexto, pero resulta insuficiente como explicación. Toda crisis social es, en última instancia, una crisis de relaciones entre clases. En este sentido, la pregunta central no es si existía crisis, sino qué fuerza social la producía y cuál debía ser derrotada para restablecer el orden.
Desde nuestra perspectiva, el elemento decisivo radica en el desarrollo de un proceso de insurgencia obrera que cuestionaba no solo las condiciones de explotación, sino también las formas de dominación política y social. En este sentido, el golpe no puede ser comprendido únicamente como una respuesta a una crisis económica o como un intento de reestructuración del capitalismo, sino como una ofensiva destinada a derrotar a una fuerza social concreta.
En palabras de Christian Castillo, el objetivo fue “disciplinar socialmente a una clase trabajadora con altos niveles de combatividad y organización” . Sin esta derrota previa, la imposición del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz difícilmente hubiera sido posible.
De este modo, el golpe aparece no como un fenómeno meramente reactivo frente a una crisis, sino como una intervención consciente orientada a modificar la relación de fuerzas entre las clases.
En este sentido, el golpe de 1976 no puede ser explicado únicamente por la existencia de una crisis, sino por la necesidad de resolverla en un sentido determinado: la derrota de un proceso de ascenso obrero que había alterado la relación de fuerzas en la sociedad argentina.
d) El carácter del terrorismo de Estado: Exceso o estrategia
Finalmente, el enfoque analizado tiende a presentar la represión como una consecuencia de la crisis y del enfrentamiento político, sin desarrollar plenamente su carácter específico. Esto abre la puerta a interpretaciones que, aun reconociendo la magnitud de los crímenes, los conciben como un exceso o una desviación.
Sin embargo, la evidencia histórica muestra que el terrorismo de Estado fue una política sistemática y planificada. La existencia de cientos de centros clandestinos de detención, la coordinación represiva a nivel regional y la persecución selectiva de activistas obreros y populares indican que no se trató de una respuesta improvisada, sino de una estrategia.
De este modo, dimensiones que el propio texto desarrolla con precisión —como el carácter sistemático del terrorismo de Estado o su función de disciplinamiento social— quedan subsumidas dentro de una explicación más general donde la “crisis” aparece como causa última.
El problema no radica en los elementos considerados, sino en el modo en que son articulados: al partir de la crisis como punto de partida, el análisis tiende a presentar fenómenos que podrían ser explicados como parte de una estrategia de clase como si fueran respuestas a una situación de desorden generalizado.
Del mismo modo, al caracterizar la represión como una acción “planificada” y “sistematizada” , el texto aporta elementos que permiten ir más allá de una lectura centrada en la reacción frente al caos. La existencia de un dispositivo represivo organizado indica la presencia de objetivos estratégicos, que no pueden ser explicados únicamente como respuesta a una situación de crisis.
Desde esta perspectiva, resulta pertinente retomar la caracterización de Christian Castillo del proceso como un “genocidio de clase” . La heterogeneidad de las víctimas no contradice este enfoque. Por el contrario, indica el alcance del disciplinamiento social. Sin embargo, la represión tuvo un sesgo claro: se dirigió con especial intensidad contra los sectores más organizados y combativos de la clase trabajadora, particularmente en los lugares de trabajo.
Los casos de represión en fábricas como Ford, Astarsa o Acindar muestran con claridad la articulación entre aparato estatal y grandes empresas. La desaparición de delegados y activistas sindicales no fue un efecto colateral, sino parte de un objetivo central: desarticular las formas de organización obrera que se habían desarrollado en los años previos.
En este sentido, el terrorismo de Estado no puede ser comprendido al margen de la lucha de clases. Fue el instrumento mediante el cual las clases dominantes buscaron resolver, de manera violenta, una crisis de dominación que no lograban encauzar por otros medios.
A 50 años del golpe
El debate que abrimos, aunque toma distintos aspectos, tiene un punto de confluencia; la tendencia a desplazar del centro de la escena a la clase trabajadora como sujeto histórico. Ya sea a través de la sobrevaloración de la lucha armada, de la lectura del movimiento obrero en clave exclusivamente peronista, de la dilución de las causas del golpe o de la subestimación del carácter de la represión, el resultado es una interpretación en la que la dinámica de la lucha de clases aparece desdibujada.
El texto contiene elementos que permiten pensar el carácter estratégico de la represión y su vínculo con la estructura social. Sin embargo, al estar organizados bajo el prisma de la “crisis múltiple”, estos mismos elementos pierden parte de su potencial explicativo, quedando subordinados a una interpretación que tiende a priorizar el desorden como causa antes que la lucha de clases como fundamento.
Frente a esto, el “cuarto relato” propone recuperar una perspectiva en la que la intervención directa de las grandes fuerzas sociales y en particular de la clase obrera ocupa el lugar central. No se trata de negar la complejidad del período, sino de identificar el hilo conductor que permite comprenderla: el desarrollo de un proceso de insurgencia obrera y la respuesta violenta que este provocó por parte de las clases dominantes. Recuperar este problema no es solo una discusión sobre el pasado: es afirmar que los grandes cambios históricos no se explican por el “caos” o la “crisis”, sino por la acción de las clases sociales y las respuestas que estas generan.
A cincuenta años del golpe genocida, estos debates siguen siendo profundamente actuales.
Comprender el papel que jugó la clase obrera en los años setenta no es solo una cuestión historiográfica. También es una forma de recuperar una tradición de lucha que forma parte de la historia del movimiento obrero argentino.
Cada 24 de marzo cientos de miles de personas salen a las calles para recordar a los 30.000 desaparecidos y para reafirmar una conclusión histórica: fue genocidio.
Pero la memoria no consiste solamente en recordar el terror. También implica recuperar las luchas, las organizaciones y las experiencias que marcaron a toda una generación.
En ese sentido, construir un relato histórico que recupere el papel de la clase obrera no es solamente una discusión académica: es una forma de defender una memoria que sigue siendo parte de las luchas del presente.
Notas:
1. Benítez y Mónaco (2007) “La Argentina del Proceso. Un texto introductorio a la etapa 1975-1983” en kessler, Gabriel y Luzzi, Mariana (comps), PSEC 1, Materiales seleccionados, Bs As, UNGS. Página 2
2. Benítez y Mónaco (2007) Ibíd, Página 1.
3. Benítez y Mónaco (2007) Ibíd, Página 1.
4. Benítez y Mónaco (2007) Ibíd, Página 3.
5. Benítez y Mónaco (2007) Ibíd, Página 5.
6. Benítez y Mónaco (2007) Ibíd, Página 8.
7. Ver en Día del militante: el retorno de Perón





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